El exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, denunció que es objeto de persecución política, tras conocerse la sentencia de privación de dominio de sus cuentas bancarias.
De acuerdo a la resolución del Juzgado de Privación de Dominio, la defensa del imputado no pudo probar que estos bienes no eran de origen ilícito.
Díaz, que está radicado en Nicaragua, publicó una carta en su cuenta de Facebook, para dar a conocer su versión sobre la sentencia.
Denunció que es objeto de persecución política en la que se le violentaron todos los derechos y garantías contenidos en la Constitución de la República y los tratados internacionales como la presunción de la inocencia, derecho de defensa, debido proceso, derecho al honor y buen nombre.
Acusó que la intención es dejarle indefenso a acusaciones mediáticas y judiciales sin pruebas que acrediten la responsabilidad que se le pretende achacar.
Señaló que el Ministerio Público inició un juicio selectivo y mediático, alegando que hace acusaciones malintencionadas y sin fundamento, que han sido vertidas de manera calumniosa ante la opinión pública.
Agregó que el ente acusador lo denuncia porque en sus cuentas bancarias hay un monto superior a los 51 millones de lempiras, pero que no pudo sustentar en su informe pericial, y que solo lo presentó para perjudicarlo.
Díaz dijo que el MP contabiliza varias veces los mismos ingresos para sumar cantidades estratosféricas, para que pudiesen ser exhibidas en la opinión pública, que intenta justificar de manera ilegal una sentencia confiscatoria de los bienes.
Afirmó que estos bienes fueron ganados con el sudor de su frente y que era un ahorro para mantener la educación de sus hijos y manutención familiar.
Igualmente, añadió que el MP contabilizó como nuevos ingresos los créditos que resultan de los movimientos entre las cuentas bancarias de su propiedad, indicando que lo tratan de ingresos diferentes.
Además, reprochó que el ente acusador se tomó arbitrariamente el período de 2017-2022 para que las cifras resulten infladas, llamativas y alimentar con ello el morbo público.
Recordó que, en 2022, el MP solicitó al Poder Judicial la suspensión del secreto bancario con relación a las cuentas que tenía en el sistema financiero, a su vez, la autorización permitió que todos los entes relacionados brindarán toda la información para una investigación patrimonial.
Seguidamente, argumentó que el MP reconoce en su informe pericial que el 90 % de los ingresos que percibió de 2017 al 2021 son producto de pagos por diferentes conceptos como funcionario del Estado, siendo que más del 80% fueron hechos por la administración de Casa Presidencial.
Aseguró que cuando se retiró como funcionario del gobierno para aspirar a una diputación, recibió ingresos como aportes de particulares a la campaña política del proceso electoral del 2021, y fueron depositados en cuentas bancarias autorizadas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
