El exministro y exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó el alcance de la inmunidad de los diputados, aclarando que esto solo cubre la “función legislativa”, según el artículo 10-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL).
“No se puede invocar esta cuestionada inmunidad para impedir la oposición contra diputados que desvíen fondos públicos”, sentenció Orellana en un mensaje que llega en medio de las investigaciones del Ministerio Público sobre casos de corrupción en el Congreso Nacional, específicamente vinculados supuestamente a la llamada “Red de Diputados”.
La reacción de Orellana se da cuando el fiscal general, Johel Antonio Zelaya, ordenó el secuestro de documentación relacionada con posibles actos de corrupción en el Congreso. Además, dio un plazo de 72 horas al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para entregar información crucial sobre el caso.
A través de su cuenta en la red social “X”, Zelaya enfatizó la necesidad de que Redondo facilite documentación e información electrónica que pueda esclarecer las líneas de investigación. “El presidente del Congreso debe poner a disposición de los fiscales toda la información requerida para esclarecer estos graves actos de corrupción”, escribió el fiscal.
Un caso que pone a prueba la transparencia, ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad de los legisladores y el alcance de sus privilegios legales y desde ya los sectores exigen una mayor rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos, incluidos los miembros del Congreso.