En diciembre del 2019, el Gobierno de Honduras, a través del Ministerio de Inversiones, firmó un memorándum de entendimiento con la empresa española Cortés Gas Natural. El acuerdo buscaba desarrollar una planta de ciclo combinado para la generación de 350 MW de energía a partir de Gas Natural Licuado (GNL), un proyecto que se ubicaría cerca de Puerto Cortés.
Este evento marcó un hito en la política energética del país, con el objetivo de transitar hacia fuentes más limpias y económicas, dejando atrás la dependencia del búnker. En ese momento, el proyecto fue presentado como una solución innovadora y estratégica, con el respaldo de diferentes sectores, incluyendo la administración gubernamental de turno y diversas organizaciones.
El informe de la SEN en 2019 proyectaba que la transición hacia el GNL no solo reduciría la dependencia del búnker, sino que también contribuiría a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas recomendaciones estaban alineadas con las tendencias globales hacia un desarrollo energético más sostenible, un objetivo que sigue siendo relevante.
UNA VISIÓN
Curiosamente, los mismos sectores que antes apoyaban esta transición ahora critican la implementación de proyectos relacionados con el GNL. Esta discrepancia refleja un cambio en el discurso público, influenciado más por coyunturas políticas que por evaluaciones técnicas.
El desafío para Honduras sigue siendo claro: lograr un consenso que permita tomar decisiones energéticas basadas en el bienestar del país, dejando de lado los intereses partidistas.