El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, se pronunció ante las críticas sobre los incrementos salariales otorgados al personal administrativo y docente de la institución, argumentando que estos no corresponden a un acto arbitrario, sino a un reajuste programado que se hizo efectivo desde julio de 2023.
En declaraciones a medios de comunicación, el rector aclaró que el ajuste salarial es resultado de un análisis presupuestario realizado durante el primer semestre del año, en concordancia con los derechos laborales establecidos y el marco normativo de la institución.
«Estos aumentos no son una piñata, son parte de un plan financiero responsable que responde a compromisos adquiridos para garantizar la estabilidad del personal que sostiene la calidad académica de la UNAH», afirmó Fernández.
El incremento, que ha generado polémica en algunos sectores, ocurre en un contexto de limitaciones financieras y críticas sobre el uso de los recursos públicos. Sin embargo, el rector destacó que la medida busca mitigar el impacto de la inflación en los ingresos de los empleados, quienes han enfrentado un estancamiento salarial durante años.
También se hizo un llamado a la comunidad universitaria y al público en general a no politizar el tema ya informarse sobre el proceso de aprobación de los ajustes. Además, enfatizó que la UNAH ha mantenido un manejo transparente de su presupuesto y continúa trabajando en la optimización de recursos para priorizar la mejora de la calidad educativa y la investigación científica.
Organizaciones estudiantiles y algunos sectores de la sociedad han pedido mayor claridad sobre el destino de los fondos del Alma Máter, exigiendo que se prioricen inversiones en infraestructura y becas estudiantiles antes que incrementos salariales. Sin embargo, las autoridades han reiterado que las decisiones tomadas son parte de una planificación integral que busca beneficiarios tanto al personal como a la comunidad estudiantil.
El debate sobre los incrementos salariales en la UNAH refleja una problemática recurrente en las instituciones públicas del país, donde la distribución del presupuesto enfrenta tensiones entre los derechos laborales y las demandas sociales por una mayor inversión en áreas prioritarias.