El excarcelado opositor nicaragüense Pedro José Estrada Ortíz fue detenido nuevamente por la Policía Nacional, denunció este domingo la ONG humanitaria Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, que exigió su libertad inmediata.
«La familia del joven nicaragüense Pedro José Estrada Ortiz denunció su desaparición desde el pasado viernes 13 de dic 2024, en Managua», indicó en una declaración esa ONG, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica.
Según el Colectivo, el joven es un excarcelado político y sobreviviente de un ataque armado a la parroquia Divina Misericordia, ocurrido en julio de 2018 en el marco de las protestas que estallaron contra el Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«En 2019 fue liberado bajo la Ley de Amnistía y desde entonces tenía retención migratoria razón por la cual no pudo salir de Nicaragua, pues no le entregaban pasaporte», explicó el organismo humanitario.
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
El Colectivo también denunció que el teléfono móvil, propiedad del joven opositor, «ha estado encendido y apagado en varias ocasiones desde la tarde de su desaparición».
«Su familia lo ha estado buscando en los distritos (policiales) y no le dan información», agregó el Colectivo, que se unió a la denuncia de los familiares del joven y exigió su libertad inmediata.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria». EFE
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