La Unión Europea (UE) señaló este sábado el «patrón profundamente preocupante» de instrumentalización del sistema judicial en Guatemala y aseguró que sigue «de cerca» los acontecimientos y cualquier acción que socave la democracia y el Estado de derecho en el país latinoamericano.
«La UE continúa siguiendo de cerca los acontecimientos y cualquier acción que socave la democracia y el Estado de derecho» en Guatemala, señaló un portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) que dirige la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
En un comunicad, el portavoz Anouar El Anouni se refirió en concreto a las recientes acciones del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala como «un patrón profundamente preocupante de uso indebido del sistema de justicia por motivos políticos».
La Fiscalía guatemalteca inició investigaciones contra la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual está activamente involucrada en la lucha contra la corrupción.
Además, el pasado 27 de noviembre, el juez penal Fredy Orellana, sancionado por Estados Unidos en 2023 por señalamientos de corrupción, ordenó al Tribunal Supremo Electoral cancelar al Movimiento Semilla, que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo, por supuestas anomalías en su proceso de formación en 2018.
En ese sentido, la UE reiteró su «seria preocupación por la instrumentalización de las instituciones judiciales de Guatemala y destacó las amenazas a la gobernanza democrática y al Estado de derecho, en particular después de las elecciones de 2023».
Asimismo, recordó que el Consejo de Exteriores de la UE decidió el pasado lunes renovar por un año, hasta el 13 de enero de 2026, las sanciones europeas contra los responsables de acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho.
Actualmente, estas medidas se aplican a cinco personas que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos, explicó el Consejo de la UE en un comunicado.
Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a disposición de los sancionados. EFE