El vicecanciller de Honduras, Antonio García, ha confirmado que 280 mil hondureños se encuentran en la lista final de deportación en Estados Unidos, un dato alarmante para la comunidad migrante en ese país.
Según García, el proceso de deportación requiere coordinación entre ambos gobiernos, señalando que, aunque Estados Unidos tome la decisión de deportar, «no es algo que pueda hacerse sin dialogar con el gobierno receptor».
García mencionó que las negociaciones sobre temas migratorios, incluido el Estatus de Protección Temporal (TPS), deberán esperar la instalación formal de la nueva administración de Donald Trump.
Aunque ya ha habido acercamientos preliminares a través del embajador hondureño en Washington, el vicecanciller enfatizó que las negociaciones oficiales se llevarán a cabo una vez que el gobierno estadounidense esté plenamente establecido.
El vicecanciller también abordó el problema de corrupción en las representaciones diplomáticas de Honduras. En los últimos meses, al menos cuatro cónsules y seis empleados locales han sido despedidos por irregularidades, como cobros ilegales a los usuarios.
García destacó que se toman medidas solo cuando existen pruebas concluyentes, y relató el apoyo recibido de altos funcionarios que exigen acciones contundentes contra la corrupción.
“Hay cero tolerancia a la corrupción. No importa si es personal recomendado por alguien importante; si encontramos pruebas, los despedimos inmediatamente”, afirmó.
En relación con el tratado de extradición, García fue claro al subrayar que este asunto está siendo gestionado exclusivamente por el canciller Eduardo Reina y la presidenta Xiomara Castro. Evitó entrar en detalles y reiteró que la posición oficial será definida por las máximas autoridades del país.
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