El abogado Marcio Cabañas Cadillo es el primer fiscal de carrera en la historia del Ministerio Público en ocupar uno de los dos altos cargos dentro de la institución, es especialista en derecho penal y procesal penal, máster en políticas públicas y gestión de la seguridad, apasionado por las leyes y uno de los fiscales que investigó el escándalo del millonario megafraude en el Seguro Social. Sus 24 años de trayectoria le han permitido conocer “el teje y maneje” de la mayoría de las fiscalías. Fue asistente de tres fiscales generales, actualmente, ocupa la Fiscalía General Adjunta, a pesar de ser el segundo mejor calificado de los cinco que integraron la propuesta para relevar a sus antecesores. Este “timón” le permite manejar administrativamente toda la institución, además tiene una “papa caliente” a su cargo, la Dirección de Medicina Forense, dice que se siente orgulloso de ser fiscal. Cabañas es el representante de todos aquellos hombres y mujeres que a diario se enfrentan a la criminalidad en los juzgados y tribunales de la República, que tienen como meta algún día llegar a ocupar la Fiscalía General de la República o la Adjunta.
—¿Cómo llega Marcio Cabañas al Ministerio Público?
Trabajé en la Secretaría de Seguridad cuando se independizó de las Fuerzas Armadas, estuve asignado como analista de investigación III en la Dirección General de Servicios Especiales, donde se investigaba lavado de activos, contrabando, narcotráfico, entre otros, este trabajo me motivó para postularme como fiscal del Ministerio Público, vi la publicación en el periódico, que había oportunidad para entrar.
—¿Luego de pasar las pruebas en el MP a qué fiscalía fue asignado?
Me asignaron a la Fiscalía Regional de Choluteca, yo vivía con mis padres en Tegucigalpa, quería ser fiscal, pero estaba a dos horas de la capital, me tocó conocer de todos los temas, me dio la experiencia y seguridad suficiente para poder estar asignado en otras fiscalías.
—¿Cuál es el caso que usted siente que marcó su vida profesional?
He llevado diferentes casos, pero el más importante es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), realizamos investigaciones, llegamos a elementos concretos e iniciamos varias acusaciones contra los responsables, estuvimos en la parte investigativa y judicial previa al debate del juicio oral y público. Después, fui asignado a la Fiscalía de Delitos Comunes.
–Corrupción o narcotráfico, ¿cuál es el más difícil de investigar?
Ambos son complejos, porque en los dos existen redes, son criminalidad organizada, solo que hay que especializarse, el tema de corrupción hay que tener conocimientos de procesos de licitación, de compras, administrativos realizados con el Estado, y en narcotráfico es más operativo, pero hay que tener conocimientos tanto de leyes nacionales como internacionales, tratados, así como el convenio de Palermo que es la base contra el crimen organizado.
–¿Qué otros delitos son los más complicados a investigar?
Los delitos tributarios, porque tanto el tema aduanero y el tributo externo por las importaciones, como el tributo interno, a través de lo que aporta la ciudadanía al Estado tienen su complejidad y se debe de tener un estudio amplio del tema.
–La ATIC o DLCN, ¿cuál es la que más investiga y con la que mejor se trabaja?
Ambas son pilares fundamentales en el Ministerio Público, la DLCN nació en 1994 cuando se inaugura el Ministerio Público y la ATIC, en la administración pasada, ya conociéndose un catálogo de delitos, pero las dos agencias son el órgano que apoyan al fiscal en la etapa investigativa, porque son los agentes que nos brindan de manera especializada y técnica los elementos para nosotros llevarlos ante los tribunales.
–¿Estuvo en huelga el año pasado junto con los demás fiscales y personal administrativo?
Estuvimos atentos a lo que pasaba, estuve a favor de la causa, hubo apoyo moral a los compañeros porque el Ministerio Público siempre ha carecido de elementos presupuestarios para mejorar las condiciones, tanto del personal fiscal, administrativo, investigativo, ya que habían pasado varios años sin tener un aumento por la falta de presupuesto, no dejamos a un lado las actividades judiciales, las cuales atendimos con nuestros recursos.
–¿Qué lo impulsó a postularse para fiscal general del Ministerio Público?
Seguir con la carrera fiscal y poder romper algunos esquemas en el tema de que los fiscales de carrera debemos de llegar a los más altos cargos dentro de la institución, tenemos la experiencia, la capacidad, la institución ya tiene 30 años y hay fiscales que ya tienen ese mismo tiempo dentro de la institución, han adquirido capacidad, conocimiento, experiencia que los guía a mejorar la fiscalía, la conocemos y sabemos cómo manejarla, brindar los lineamientos para que se lleven a cabo las labores en cada una de las fiscalías.
–¿Qué pensó al ver que habían elegido al abogado Mario Morazán como fiscal adjunto?
Siempre tuvimos mucha confianza en Dios porque es el que ha guiado mi camino, son cuestiones que se nos salen de las manos, no hemos sido políticos, la oportunidad que se le brindó a él, lo asumimos de esa manera y esperando el tiempo y confiados en Dios que, en determinado momento tuviéramos la oportunidad.
–¿Qué sintió al momento de ser juramentado como Fiscal Adjunto?
Orgullo de ser fiscal y compromiso con la institución, con los compañeros fiscales, personal administrativo, agentes, detectives que laboran para el Ministerio Público.
–¿Cómo encuentra el Ministerio Público tras asumir su cargo?
No es ético hablar de las administraciones pasadas, la intención de esta administración es darle respuesta a la sociedad, tecnificarla, brindar un servicio fiscal eficiente y satisfactorio a la sociedad.
–Diferentes sectores califican al Ministerio Público como un elefante blanco, con una deuda enorme en la impartición de justicia e impunidad, ¿qué hacer para poder borrar esa imagen?
Hemos iniciando varias actividades tanto investigativas como fiscales, a fin de llevar a los tribunales los diferentes casos: la lucha contra la corrupción, criminalidad organizada. Sin embargo, para el desempeño y mejorar imagen, se necesita abordar el tema presupuestario. Es un pilar importante para que tengamos mayores resultados y eficiencia; esperamos que la Secretaría de Finanzas envíe un presupuesto adecuado de hasta un 3%, porque hasta ahora solamente se ha designado un 1.7% desde la creación de la Fiscalía, una limitante increíble.
–¿Qué más herramientas se necesitan para que los casos que se presentan sean más contundentes principalmente los de lavado de activos y otros?
Hay diferentes herramientas, entre ellas: el personal técnico especializado y calificado, analistas financieros que definen la ruta del dinero de dónde proviene y hacia dónde va.
Debe haber una revisión minuciosa del Código Penal, porque la reducción de penas en delitos transnacionales, de corrupción y de criminalidad organizada afecta la impartición de justicia. Sin embargo, este aspecto es de índole política y tiene que ver el Poder Legislativo.
–¿Cómo avanzan las investigaciones relacionadas a los políticos que han sido mencionados en los juicios de Estados Unidos?
Es una etapa investigativa compleja y larga, se llevan diferentes etapas en el proceso y una de ellas es la asistencia judicial porque hay que saberlas preparar, pedir la información de manera adecuada, posteriormente, ser analizadas ante el país requirente y este de acuerdo a las solicitudes; sino queda claro hay que hacer esas aclaraciones pertinentes que solicita el país que se requiere la información.
–¿Es un narcovideo la reunión en la que se observan políticos junto con «empresarios», que años después fueron hasta sentenciados por Estados Unidos, por narcotráfico y que en la misma se hacía ofrecimiento de financiamiento de campañas políticas?
Es algo complejo el video en sí, tiene algunos elementos, indicios, sin embargo, hay que reforzarlos con otros medios de prueba que podamos sustentar claramente y dar una efectividad o certeza de la comisión de los ilícitos por los cuales el Ministerio Público decide iniciar una acción penal pública. Sustentar jurídicamente con un narcovideo es algo difícil porque es un tema indiciario, tenemos que hacer otras conexiones técnico científicas que den la certeza al juez de la comisión de un ilícito.
¿Es necesario retomar la figura de la extradición y por qué?
Es una herramienta importante para el Estado y esa relación bilateral, pero existen otros convenios en los cuales ya se establece cómo mantenerse vigente el proceso de extradición, existen figuras alternas como son las alertas rojas internacionales.
—¿Qué significado ha tenido la sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández?
Tiene varias repercusiones, es una noticia nacional, nunca se había visto en la historia que un expresidente de la República haya sido extraditado y, posteriormente, condenado en los Estados Unidos, es un buen mensaje para los políticos y las personas que están en ese ámbito de poder hacer las cosas de manera correcta y no contra la ley.
–¿Cómo es la relación con el fiscal general Johel Zelaya?
Tenemos una buena relación profesional, cordial, de respeto cada uno con sus funciones y siempre coordinadamente, tenemos una visión institucional de sacar adelante al Ministerio Público y representar de la mejor manera a la sociedad hondureña.
–Trascendió que tanto el director de fiscales, como usted estaban marginados por el fiscal general, ¿qué tan cierto es eso?
En ningún momento me he sentido marginado, tengo una buena relación con el fiscal general, respetamos las funciones de cada uno, ha hecho asignaciones especiales referentes a lo que es la Fiscalía General Adjunta.
–¿En lo personal su vida ha cambiado?
Definitivamente, debemos ser más cuidadosos, tenemos que ser más reservados, perdemos la privacidad, tanto en lo personal y profesional.
–¿Cuáles son las proyecciones para el 2025?
Tener mayor presupuesto, para obtener mayores resultados a favor de la población hondureña.
ÉL ES
MARCIO CABAÑAS CADILLO
Nació el 12 de octubre de 1976, en Tegucigalpa, hizo estudios primarios y secundarios en el Instituto Modelo, graduado de abogado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, máster en Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad, desde el 2000 ejerce como fiscal del Ministerio Público.
