Ciudad de Guatemala, 6 ene (EFE).- El Gobierno de Guatemala aseguró este lunes que espera que el aumento del 10 % del salario mínimo decretado en diciembre pasado tenga un «efecto positivo» en la economía.
«Los estudios que nosotros tenemos nos dicen que un aumento del salario mínimo incrementa la demanda de bienes y productos en la sociedad», puntualizó el ministro de Finanzas guatemalteco, Jonathan Menkos Zeissig, en una rueda de prensa.
«No creo ni debemos ser fatalistas en la idea de que el aumento al salario mínimo va a afectar la economía. Por el contrario, los estudios técnicos, más allá de la opinión, nos dicen que esto puede tener un efecto positivo», añadió.
De acuerdo al funcionario, dicho aumento al salario mínimo «incluso» puede «incrementar» el crecimiento económico del país centroamericano «hasta en un 0,15 %» en «términos reales».
El pasado 22 de diciembre, el Gobierno guatemalteco anunció un aumento del 10 % al salario mínimo, que pasa a ser ahora de 466 y 483 dólares, dependiendo de la industrial laboral.
La decisión, tomada por el presidente, Bernardo Arévalo de León, obedece a un «análisis técnico» que se encuentra «fundamentado en estudios económicos nacionales e internacionales», dijo el mandatario.
El aumento del 10 % es el más alto ordenado anualmente por el presidente en las últimas dos décadas y corresponde a las actividades agrícolas y no agrícolas.
El salario mínimo en actividades no agrícolas pasó de 3.384 quetzales (439 dólares aproximadamente) a 3.723 quetzales (483 dólares).
Mientras tanto, la actividad agrícola ascendió en su salario mínimo a 3.593 quetzales (466 dólares), superior en 10 % al fijado anteriormente en 3.266 (424 dólares).
En el mismo sentido, la remuneración para las actividades laborales vinculadas a la maquila y las exportaciones, que tuvo un aumento del 6 % ordenado por Arévalo de León, pasó de 3.093 quetzales (401 dólares) a 3.278 quetzales (425 dólares).
Todo ello en la región central del territorio del país centroamericano, que incluye a la Ciudad de Guatemala, ya que en el resto de departamentos (provincias) los salarios mínimos establecidos son menores en un 5 %, de acuerdo a la normativa correspondiente.
Según cálculos oficiales, poco más del 70 % de la población guatemalteca trabaja en la informalidad, es decir sin acceso a derechos laborales ni seguro social. EFE