El teniente coronel Wilman Guzmán, director del Centro Penal de Choluteca, destacó los avances en infraestructura, seguridad y rehabilitación que se llevan a cabo en esta institución penitenciaria.
Estas acciones forman parte de un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida de los privados de libertad y contribuir a su reinserción social.
Entre los proyectos clave se encuentran las alianzas estratégicas con instituciones como el Instituto de Formación Profesional (Infop) y Ciudad Mujer, cuyo objetivo es brindar capacitaciones y conocimientos útiles a los internos.
Estas iniciativas buscan transformar la mentalidad de las personas privadas de libertad, dotándolas de habilidades que les permitan reincorporarse a sus comunidades como ciudadanos productivos y responsables.
AGENTES DE CAMBIO
“El propósito es que estas personas adquieran nuevos conocimientos, desarrollen capacidades y alcancen un nivel de conciencia que los motive a dejar atrás el mundo en el que se encontraban, para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades”, destacó Guzmán.
En cuanto a la infraestructura, se están ejecutando trabajos permanentes que refuerzan las áreas internas del penal, delimitando sectores y zonas restringidas para un mayor control.
En el área externa, se avanza en la construcción de una cerca perimetral, diseñada para prevenir incidentes y garantizar la seguridad, tanto de los internos como del personal que labora en el centro, aseguró el funcionario.
Agregó que “el refuerzo de las medidas de seguridad sigue protocolos y procedimientos establecidos, asegurando un nivel adecuado de control y tranquilidad en el centro”.
REINSERCIÓN EFECTIVA
Estos esfuerzos, según dijo, no solo buscan la reinserción efectiva de los privados de libertad, sino también generar un impacto positivo en las comunidades.
Al dotar a los internos de herramientas para el cambio, se pretende que al salir contribuyan al desarrollo de sus entornos y eviten reincidir en actividades ilícitas.
El trabajo realizado en el Centro Penal de Choluteca es un ejemplo del compromiso con la rehabilitación social y la seguridad penitenciaria, alineado con los objetivos nacionales de garantizar derechos humanos y fomentar la reintegración efectiva de quienes cumplen su condena, destacó.