Las bancadas opositoras le exigieron sesiones al presidente del Congreso, Luis Redondo, y ponerle fin a la parálisis legislativa desde noviembre del 2024.
El titular de la Cámara Legislativa se reunió ayer con los líderes de las fuerzas políticas en la Cámara Legislativa para definir la agenda del cierre de la tercera legislatura y del inicio de la cuarta y última del periodo 2022-2026, a partir del próximo 25 de enero.
Las reuniones se celebraron en el transcurso del día y por la tarde noche, Redondo convocó al resto de su junta directiva con el mismo fin. Al cierre de esta edición, el diputado presidente no había anunciado si hay sesiones hoy, como esperan los congresistas opositores.
«En nombre de nuestros compañeros, le hemos exigido que convoque a sesiones. No puede seguir paralizado el Congreso, existen temas de interés para el pueblo hondureño por discutir y aprobar», expuso el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, tras el encuentro con Redondo.
Durante la cita, aseguró que le pidieron reformular el presupuesto, que sigue en el aire, dándole prioridad a la compra de medicamentos para los hospitales y a los pacientes renales, lo mismo que consigne el aumento a los maestros y el presupuesto para las elecciones primarias del próximo 9 de marzo. Igualmente, le propusieron eliminar 500 millones de lempiras al superministerio de Planificación que dirige el polémico Ricardo Salgado, encargado de la estrategia de comunicación del gobierno. Ninguna de estas propuestas ha sido aceptada por Redondo y su equipo oficialista, por ahora, aseguró Zambrano.
Después de recibir a los nacionalistas, Redondo haría lo mismo con los liberales y el Partido Salvador de Honduras (PSH), quienes mantienen la misma posición que los azules con respecto a modificar algunas partidas del presupuesto.
El líder de los diputados del PSH, Carlos Umaña, dijo antes de la reunión que no estaban de acuerdo con los 1,800 millones presupuestados para construir una cárcel en La Mosquitia ni tampoco de otros mil para dos helicópteros militares. Se oponen también al decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta extendiendo por 45 días el Estado de Excepción porque debió tener el visto bueno del Congreso.