El Gobierno de Guatemala tomó hace algunas semanas una decisión histórica al retirar la custodia de 160 menores de edad que vivían en condiciones de extrema vulnerabilidad dentro de la comunidad Lev Tahor, una secta judía ultraortodoxa asentada en el país desde hace más de una década.
La acción, llevada a cabo por las autoridades judiciales y policiales, responde a graves denuncias de abuso sexual, matrimonios forzados y tráfico de personas que apuntan a líderes de esta agrupación.
Lev Tahor, cuyo nombre significa «Corazón Puro» en hebreo, es una secta judía ultraortodoxa fundada en los años 80 en Israel por Shlomo Helbrans, un rabino de origen israelí.
La secta se caracteriza por una estricta interpretación de la ley judía, aislamiento social y prácticas controvertidas que han generado críticas tanto dentro como fuera de la comunidad judía.
Tras su fundación, Lev Tahor enfrentó problemas legales en Israel y Canadá, lo que llevó a sus miembros a buscar refugio en países con sistemas judiciales menos estrictos.
Desde 2014, una gran parte de la comunidad se asentó en Guatemala, donde se establecieron en aldeas remotas de los departamentos de Sololá y Santa Rosa.
Denuncias de abuso y tráfico de personas
En los últimos años, las autoridades guatemaltecas comenzaron a recibir denuncias alarmantes sobre la situación de los menores dentro de la secta.
Según los informes, los líderes de Lev Tahor forzaban a niñas y adolescentes a contraer matrimonios con hombres adultos, muchas veces bajo amenazas y coacción.
Además, los niños eran sometidos a trabajos forzados y privados de educación formal, siendo adoctrinados exclusivamente en los preceptos religiosos de la secta.
Uno de los aspectos más graves de las denuncias es el tráfico de personas. Las investigaciones revelaron que miembros de la comunidad trasladaban niños y adolescentes a otros países para fines desconocidos, lo que levantó sospechas de explotación sexual y laboral.
La intervención de las autoridades
El caso llegó a los tribunales guatemaltecos tras una denuncia presentada en 2022 por organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.
Luego de una investigación exhaustiva, un juez de la Niñez y Adolescencia ordenó en 2025 la intervención inmediata en las comunidades de Lev Tahor.
En una operación conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), las autoridades rescataron a 160 menores y los trasladaron a centros de protección infantil.
Según las autoridades, los niños presentaban signos de desnutrición, estrés postraumático y otros problemas de salud derivados de las condiciones en las que vivían.
Los líderes de la secta fueron detenidos y enfrentan cargos por abuso sexual, trata de personas, y otros delitos relacionados. Hasta el momento, varias familias extranjeras vinculadas a la comunidad han intentado reclamar la custodia de los menores, pero los tribunales han priorizado garantizar el bienestar de los niños por encima de cualquier derecho parental.
La intervención ha generado reacciones divididas en Guatemala y en el extranjero. Organizaciones de derechos humanos y de protección infantil han aplaudido la decisión del gobierno, calificándola como un paso crucial para combatir la trata de personas y proteger a los menores más vulnerables.
Sin embargo, miembros de la comunidad judía ultraortodoxa han denunciado la medida como una violación de su libertad religiosa y han solicitado apoyo de organismos internacionales para mediar en el conflicto.
Un problema global
Lev Tahor ha sido objeto de controversias en otros países antes de su llegada a Guatemala. En Canadá, enfrentaron acusaciones similares de abuso infantil y matrimonios forzados, lo que llevó a su expulsión en 2013. En México, las autoridades también investigaron su presencia en Chiapas, pero la comunidad se trasladó rápidamente al país vecino para evitar acciones legales.
El caso de Lev Tahor abre un debate importante en Guatemala sobre la capacidad del país para proteger a la niñez en situaciones de extrema vulnerabilidad.