Una pena de cinco años fue dictada contra el excontador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Carlos Luis Guevara Mondragón, por su participación en la fraudulenta compra de mascarillas durante la pandemia del COVID-19, informó el Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF).
Guevara Mondragón también fue condenado a pagar una multa de 39 millones de lempiras y la inhabilitación por el doble de tiempo de prisión, por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en concurso ideal, por la adquisición irregular de 474,000 mascarillas entre abril y mayo del 2020. En ese período el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
De acuerdo con la investigación por fiscales del Circuito Anticorrupción, los exfuncionarios de Invest-H se confabularon con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
Además, se descubrió que Marco Bográn, Juan José Lagos Romero, Elena Hernández y María Palacios simularon que la venta la estaba realizando Germar Ferretería. Sin embargo, de las investigaciones se determinó que los funcionarios buscaron beneficiar al grupo G y T S.A. de C.V. de Lagos Romero, ya que una vez que Invest-H hizo efectivo el pago a Germar Ferretería, de esta empresa se emitió un cheque de más del 95 por ciento del valor pactado, a favor del esposo de la entonces congresista Zelaya.
Por este fraude se dictó una pena de seis años de reclusión más una multa por el monto defraudado y la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la condena en contra de Marco Antonio Bográn.
Mientras que al computado Alex Alberto Moraes Girón, exadministrador de Invest-H, únicamente se le condenó por violación de los deberes de los funcionarios y se le decretó la inhabilitación especial por cuatro años seis meses.
Los otros involucrados, prófugos de la justicia por esta irregular compra superior a los 39 millones de lempiras, son la especialista administrativa y financiera, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza; las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V, Juan José Lagos Romero. (XM)