Desarrollo Económico pide a EE. UU. revisar el artículo 3.18 del CAFTA

“Si su política es que no haya más migración, entonces invito al gobierno de los Estados Unidos de que revisemos el artículo 3.18 del CAFTA”, manifestó hoy el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato, en alusión a las medidas migratorias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Artículo 3.18 se refiere a la Comisión de Revisión Agrícola: “Las partes establecerán una Comisión de Revisión Agrícola en el año 14 después de la fecha de entrada en vigor de este tratado para revisar la implementación y operación del tratado en lo relacionado con el comercio de mercancías agrícolas”, refiere.

“La Comisión de Revisión Agrícola deberá evaluar los efectos del proceso de liberalización comercial bajo este tratado, la operación del Artículo 3.15 y la posible extensión de medidas de salvaguarda agrícola bajo ese artículo, el progreso hacia la reforma global del comercio agrícola en la OMC y los desarrollos en los mercados agrícolas mundiales. La Comisión de Revisión Agrícola reportará sus conclusiones y cualesquiera recomendaciones a la Comisión concluye ese artículo 3.18.

Fredis Cerrato detalló que su planteamiento es “qué prefiere el señor Trump vendernos un poco de granos o prefiere que paremos la migración, generemos más empleo en el campo para que la gente se dedique a la producción agrícola y eso pasa porque revisemos el CAFTA”.

La propuesta no apunta a que haya renegociación, aclaró Cerrato, sino que a una revisión del instrumento de comercio. “Entonces que no hagan oídos sordos y que la embajadora y el departamento de Comercio de Estados Unidos, nos ayuden para que entremos en la revisión del Artículo 3.18 que establece la creación del Comité Agrícola para la revisión de ese acuerdo”.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (RD-CAFTA) fue firmado en 2004 por todos los países de la región y República Dominicana, a excepción de Panamá y Belice. Honduras y Nicaragua fueron los penúltimos en ponerlo en vigencia el 1 de abril de 2006.

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