El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció este miércoles la detención de 308 inmigrantes, considerados “graves criminales”, en el primer día completo de operaciones bajo el mandato del presidente Donald Trump. Según Tom Homan, designado como el “zar” de la frontera en la nueva administración, los detenidos incluyen presuntos violadores, asesinos y personas acusadas de abuso infantil.
“ICE está haciendo su trabajo. Está priorizando, tal y como el presidente dijo que haría. Está haciendo su trabajo de forma excelente sobre el terreno y continuará haciéndolo cada día”, afirmó Homan durante una entrevista en la cadena Fox News.
Estas acciones son parte del cumplimiento de las promesas de campaña de Trump, quien asumió el cargo el lunes y declaró una “emergencia nacional” en la frontera con México. En su discurso inaugural, Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos, enfocándose en lo que calificó como “una invasión” en la frontera sur.
La emergencia nacional autorizó el despliegue de fuerzas militares en la frontera para reforzar la seguridad y ordenó a las autoridades migratorias deportar de forma inmediata a todas las personas que crucen la frontera de manera irregular. Además, el documento firmado por el presidente contempla la restauración de las deportaciones en caliente, una medida polémica que permite expulsar a migrantes sin un proceso judicial formal.
A pesar de las declaraciones de Homan, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias, no ha emitido información oficial sobre las detenciones reportadas.
Homan defendió las medidas como parte de una estrategia para priorizar la seguridad nacional y pública, señalando que las acciones actuales están dirigidas contra personas que representan una amenaza significativa. “En estos momentos nos estamos concentrando en los peores”, afirmó, reiterando la importancia de asegurar la frontera para garantizar la seguridad del país.
Las decisiones de Trump y las primeras acciones de su gobierno han generado una creciente controversia, avivando el debate sobre el trato a los migrantes y la eficacia de las políticas de mano dura en la frontera.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas en las comunidades migrantes y por el aumento de la tensión social en las regiones fronterizas.
MASIVAS REDADAS EN CHICAGO
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una gran redada en la ciudad de Chicago el próximo martes como parte de su plan para reactivar las deportaciones masivas de inmigrantes en el país. Según fuentes oficiales, esta operación busca identificar y expulsar a personas indocumentadas, un objetivo clave en su renovada agenda migratoria.
La acción, prevista para los próximos días, se perfila como la primera de varias redadas programadas en ciudades con una alta concentración de población migrante. Funcionarios cercanos a la operación aseguran que las autoridades se centrarán en individuos con órdenes de deportación pendientes, aunque grupos defensores de los derechos humanos temen que esta medida afecte indiscriminadamente a comunidades vulnerables.
La estrategia ha generado una ola de preocupación entre activistas y organizaciones que trabajan con migrantes. Muchos critican que este tipo de acciones no solo generan incertidumbre entre los afectados, sino que también promueven el miedo en barrios enteros donde los inmigrantes representan una parte significativa de la población.
Chicago, considerada una ciudad santuario, ha sido históricamente un bastión de resistencia frente a las políticas migratorias más agresivas del gobierno federal. Sin embargo, las autoridades locales han reconocido las dificultades para proteger a todos los residentes en un operativo de esta magnitud.
En declaraciones recientes, Trump ha reafirmado su compromiso de endurecer las políticas migratorias si logra regresar al poder, señalando que este tipo de redadas son necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las leyes en Estados Unidos.
Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes han hecho un llamado a la calma y han reiterado la importancia de que las comunidades estén informadas sobre sus derechos legales. En paralelo, algunos líderes locales han advertido que estas medidas podrían romper familias, generar tensiones sociales y dañar la economía local.
La redada programada en Chicago representa un nuevo capítulo en la ya controvertida política migratoria de Trump, que sigue siendo un tema polarizador tanto dentro como fuera de Estados Unidos.