La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este miércoles la trigésima quinta ampliación del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales para «combatir» a los miembros de pandillas y que cumple tres años de vigencia a finales de marzo próximo.
La ampliación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y que, de acuerdo con diversos analistas, se ha vuelto permanente, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados, todos de NI y sus aliados.
Esto implica que seguirán suspendidos por 30 días más, hasta el próximo 6 de marzo, el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
El decreto de ampliación justifica la ampliación en que el fenómeno de las pandillas, que el Gobierno de Nayib Bukele afirma haber desmantelado operativamente, «no se ha erradicado en su totalidad».
El régimen de excepción, que la fecha deja más de 82.400 capturas, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida extraordinaria se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.EFE