Por: Sagrario Molina P.
El Día de la Mujer Hondureña, representa la lucha histórica por el reconocimiento de los derechos políticos en igualdad de condiciones, por lo que el 25 de enero más que una fecha calendarizada para felicitar a la mujer, debe ser un recordatorio obligatorio para reafirmar el compromiso de todos y todas en pro del fortalecimiento de la democracia, garantizando el respeto, goce y protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres.
Abordar los temas sociales, económicos, culturales y políticos con una perspectiva de género, sigue siendo en la actualidad una situación de conflictividad y violencia, manifestada de distintas maneras y en diversos espacios, en donde en ocasiones pasa desapercibida y la palestra política no está alejada de la realidad.
La violencia política en Honduras ha crecido a pasos agigantados, promoviendo en sentido negativo que las mujeres por temor, incredulidad, no aceptación, desánimo y otros factores, se abstienen y se limitan a participar de la vida política en el país desde puestos de elección popular o espacios locales de liderazgo.
Dia a día los grupos de mujeres organizadas de la sociedad civil, así como en los aparatos estatales, con especial énfasis en este caso el Poder Legislativo a través de la Comisión de Género, conformada por mujeres lideresas representantes de los diversos partidos políticos, luchan de manera inclaudicable por la aprobación de la Ley contra la violencia política en Honduras, con el acompañamiento directo de organismos internacionales como ONU Mujeres y las distintas organizaciones que convergen en el Foro de Mujeres Políticas, espacio multipartidario que promueve el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres para participar y ocupar espacios políticos en igualdad de oportunidades.
Es así que en situaciones de democracia, deberíamos suponer que no tendrían que existir en la vida política, desigualdades arraigadas y alimentadas por generaciones bajo sistemas patriarcales y de marginalización a nivel de estructuras e instituciones, así como en el comportamiento de la sociedad, sin embargo, es una realidad que no debemos negar y debe ser visibilizada para que las brechas de desigualdad desaparezcan, garantizando el respeto y goce efectivo de los derechos políticos de todas las mujeres, para que estos trasciendan más allá del establecimiento de disposiciones legales que muchas veces no se respetan y llegan a perder incluso el alcance que deberían lograr.
En el acontecer nacional, no deben pasar desapercibidos los escenarios de violencia política en contra de las mujeres que deciden ejercer fervientemente su derecho a participar en el ámbito político y electoral, luchando a su vez por exigir que esos espacios se multipliquen con la participación de más mujeres en política, para lo cual, debemos alcanzar una verdadera democracia participativa y una representación efectiva que nos permita como sociedad probar que «las democracias que son inclusivas y representan a distintas minorías suelen tener mejores resultados en términos de gobernanza y desarrollo sostenible» (PNUD, 2020).
A la fecha, Honduras no cuenta con una Ley especial que sancione abierta y directamente la violencia política contra la mujer y debemos reconocer que la voluntad en muchos casos es nula, minimizando las situaciones de violencia que cada día se presentan en contra de las mujeres que participan en los espacios políticos o pretenden ingresar a estos, siendo ahí donde los organismos electorales deberán, de cara a los próximos comicios, jugar un papel relevante y garantista no solo de los procesos electorales como tal, sino en garantizar la observancia y cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación, paridad y alternancia que la Ley Electoral dispone y que la adopción de Protocolos derivados de la Ley, pueden no resultar suficientes para evitar la vulneración de los derechos políticos de las mujeres.
Representará un avance reconocer que las manifestaciones y actos de violencia política contra las mujeres pueden adoptar diversas formas y que la ausencia de normativa clara y especifica que sancione y castigue a los responsables de ejercer violencia en el ámbito político y electoral contra las mujeres, son acciones que no sólo vulneran derechos y libertades individuales, si no que debilitan la democracia, al impedir la participación activa y efectiva de las mujeres en la vida política.
Como Estado de Derecho debemos ser capaces de garantizar el ejercicio y goce de los derechos políticos de la ciudadanía y fomentar una mayor participación de las mujeres en espacios políticos y de liderazgo, es una deuda que debemos saldar como una verdadera sociedad democrática.
¡Erradicar la violencia política contra las mujeres debe ser un compromiso de todos y todas!
*Abogada. Conferencista. Especialista en Relaciones Internacionales y derechos humanos
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