El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) atraviesa por una situación de precariedad debido a la falta de fondos y capacidad financiera, ni para pagar las cuotas de energía, renta del edificio, obligando a enviar al personal a teletrabajo.
Lo anterior fue revelado por el comisionado Miguel Berríos, al referir que “la medida se dio porque muchos colaboradores no tenían para llegar a trabajar, nos miramos en la necesidad de mandarlos a teletrabajo y que el instituto siga trabajando de esta forma”.
El funcionario señaló que han estado haciendo las gestiones con las autoridades de Finanzas para que agilicen la acreditación de su presupuesto.
“Tenemos cuatro meses sin pagar energía ni renta, en vista que el año pasado tuvimos un reajuste, más bien una disminución de presupuesto nos afectó, lo que hemos hecho es mandar notas a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y al dueño del local para poder arreglar las cosas por los momentos”, agregó. Afirmó que esperan que en los próximos días la situación de ese ente pueda normalizarse.
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A finales del 2024, el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, había advertido la posible suspensión temporal del portal de transparencia, debido a problemas financieros que enfrenta la institución.
Trascendió en ese momento que la falta de presupuesto había afectado gravemente al IAIP, impidiéndole hacer frente a los gastos de alquiler y de servicios básicos, como la electricidad, esenciales para mantener el funcionamiento del portal.
El Instituto de Acceso a la Información Pública, es un órgano desconcentrado de la administración pública, con independencia operativa, decisional y presupuestaria, responsable de promover y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, así como de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública, de acuerdo a esta Ley.
Mientras, el portal de transparencia es una herramienta clave que el IAIP pone a disposición de los ciudadanos para garantizar su derecho a acceder a información completa y oportuna sobre las instituciones que gestionan fondos públicos. Esta plataforma tecnológica está contemplada en la Ley de Transparencia, la cual regula la rendición de cuentas de los entes gubernamentales.
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