La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), detalló que unos 304,388 hogares hondureños fueron víctimas directas de extorsión, lo que pone en evidencia que urgen medidas más fuertes para erradicar ese mal en el país.
La ASJ presentó en Tegucigalpa un informe que analiza la efectividad y el impacto de esta medida tras dos años de vigencia en el país.
En 2022, un total de 226,262 hogares reportaron ser víctimas de extorsión; en 2023, la cifra aumentó a 286,533, y en 2024 alcanzó los 304,388 hogares afectados.
El director de seguridad y justicia de la ASJ, Nelson Castañeda, durante la presentación del informe, destacó que los más de 304 mil afectados por la extorsión se ven obligados a buscar formas de pagar a los grupos criminales para evitar represalias.
Entre los afectados se encuentran transportistas, pequeñas y medianas empresas, que sufren de manera «aturdida» este fenómeno, el cual también fomenta conflictos sociales, como el desplazamiento interno y la migración.
El experto lamentó que, ante la falta de empleo, muchos hondureños decidan emprender, pero, días después de abrir un negocio, reciban la amenaza de extorsión.
La ASJ señaló que, de los 18 decretos ejecutivos promovidos por el Consejo de Ministros, solo uno cumplió con los requisitos constitucionales de tiempo y forma en su aplicación.
La mayoría de los decretos carecieron de ratificación por parte del Congreso Nacional, o se ratificaron fuera del plazo de 30 días. Otros no se publicaron en el diario oficial La Gaceta.
El informe de la ASJ, basado en los datos del decreto ejecutivo PCM 03-2025 del 6 de enero del 2025, señala que se han realizado 43,010 allanamientos de morada, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, 8,059 vehículos y 45,033 motocicletas decomisadas.
A pesar de estos esfuerzos, «la extorsión sigue golpeando a los hogares hondureños», dijo la ASJ.
Por otro lado, mientras el delito se expande, las sentencias condenatorias por extorsión han disminuido drásticamente. Según datos oficiales, en 2022 se emitieron 105 condenas; en 2023, solo 66, y en 2024, apenas ocho, lo que evidencia una preocupante falta de respuesta judicial ante este flagelo.