Por: Arístides Mejía Carranza
Lo que se temía ha ocurrido: Los Estados Unidos ha puesto límites drásticos a la migración.
Emigrar es un derecho de todo ciudadano, pero lo es ante el Estado al que pertenece no ante el Estado receptor que está libre de decidir quién entra y sale de su país.
Una cosa es la migración legal y otra la ilegal, las restricciones son a la migración ilegal. Estados como Canadá promueven activamente programas de migración legal estableciendo el perfil de los migrantes que el inmenso país necesita para ser poblado y que su economía funcione.
Los sucesivos gobiernos de Honduras con raras excepciones no han prestado la suficiente atención, ni hecho las previsiones necesarias, para hacer frente a esta situación.
Se satisfacían con que hubiera migración masiva de ciudadanos porque esto aliviaba la carga y conflictividad interna, además de generar ingresos.
El gobierno de Honduras ha rectificado su posición de confrontar a la administración Trump. Es un paso importante en la buena dirección y ha sido recibida con alivio por las familias de los migrantes angustiados por su futuro.
El sector empresarial, fundamental para dar empleo a los migrantes retornados ha dado su respaldo al plan.
El programa anunciado por la presidente en cadena nacional se refiere básicamente al otorgamiento de $ 100, de un bono alimenticio y de capital semilla a cada retornado, esto representa una erogación inicial significativa.
Según el gobierno la fuente principal de estos recursos sería la cooperación internacional a través de Naciones Unidas.
Pero el principal donante para estos programas son los propios Estados Unidos y el nuevo gobierno de Trump ha suspendido toda la cooperación a internacional, exceptuando a Israel y Egipto, entonces: ¿Cómo se va a financiar este plan de retorno?
Habría que comenzar por modificar el proyecto de presupuesto para el 2025 aún no aprobado y hacer recortes a partidas no esenciales y acordar con los diferentes sectores un esfuerzo nacional dejando las diferencias de lado ante lo que se vaticina será una crisis humanitaria por el aumento de la pobreza, la delincuencia y la disminución de las remesas.
La reubicación de los retornados también presenta problemas, porque muchos han huido de la violencia y otros están en tránsito por Guatemala y México mientras este último país hace todo lo posible por cerrar la frontera a los migrantes para no ser objeto de más represalias luego de que el sábado pasado Trump firmó decretos imponiendo aranceles de hasta 25 %, lo cual puede sumir a este país en una recesión.
También en el territorio nacional hay migrantes de Venezuela, Haití, Cuba, Ecuador y el Congo que han quedado atrapados en Honduras porque Nicaragua no los admite de regreso y sus países de origen o no tienen recursos para repatriarlos o no les interesa recibirlos.
Es necesario comprender que esto no es pasajero, forma parte de un cambio en la política mundial, no solamente en los Estados Unidos. En varios países del primer mundo están triunfando partidos políticos nacionalistas que tienen como primer propuesta el control de las migraciones, para Honduras la situación puede agravarse si hay un cambio de gobierno en España.
Para hacer frente a este problema debe haber una respuesta diplomática bien estructurada, mejorar las relaciones internacionales, las relaciones con la empresa privada, hacer funcionar los programas de reinserción con las alcaldías y otros sectores de la sociedad.
En definitiva la política nacional debe cambiar para que la idea fundamental sea desarrollar el país como lo están haciendo Uruguay, Chile y Costa Rica con Estados de Derecho funcionales, economías de mercado y estabilidad política. Esos países no tienen problemas migratorios ni de dignidad frente a los Estados Unidos.
Honduras requiere ahora de un gobierno que planifique y dedique sus esfuerzos a fortalecer su economía, combatir el crimen y ordenar a su sociedad.