El gobierno de Honduras celebró el acto reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso Gutiérrez Navas y Otros Vs Honduras, esto en relación con la destitución ilegal y arbitraria de los magistrados de la Sala Constitucional en el año 2012, la cual representó graves violaciones a los derechos humanos.
Honduras fue condenado a pagar por este caso a más de 54 millones de lempiras, divididos entre los cuatro afectados viene siendo unos 13.5 millones de lempiras.
En cumplimiento de los puntos resolutivos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Gobierno se llevó a cabo este reconocimiento de la sentencia a los afectados.
En su intervención, el procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como con el cumplimiento de las medidas de reparación establecidas por la Corte. Estas incluyen la publicación de la sentencia, el pago de indemnizaciones y la adecuación normativa conforme a estándares internacionales.
“El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, expresó Galeas.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, hizo un llamado al pueblo hondureño para no permitir que este tipo de casos que son referentes se repitan.
“Reconocemos públicamente la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la destitución de fecha 12 de diciembre del 2012 calificada como arbitraria e ilegal por dicha Corte de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, José Francisco Ruiz y Gustavo Bustillo Palma”, detalló.
“Como Poder Judicial hemos asumido un compromiso estricto con la justicia y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, sujeto sin reserva a nuestra Constitución y a las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, indicó.
El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, manifestó que “justicia tardía no es justicia, el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un acto de cumplimiento internacional pero debemos de ser categóricos al decir que esta sentencia no repara, no restituye y no alivia el daño que ha sufrido el pueblo hondureño, esta resolución no devuelve el tiempo perdido, no revierte las graves consecuencias que generó ese acto arbitrario, el establecimiento de un Narco Estado, la imposición de una reelección ilegal, la manipulación del sistema judicial y la corrupción que empobreció al pueblo”. (XM)