La Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) desmanteló recientemente un campamento de personas dedicado a la minería ilegal en el municipio de Arenal, en el norteño departamento de Yoro.
El operativo se realizó en una zona montañosa del municipio de Arenal, donde se realizó una inspección en respuesta a denuncias de la ciudadanía sobre daño al medio ambiente en esa zona.
“Durante la inspección, se identificó la apertura de una carretera de aproximadamente 800 metros, la cual llegaba hasta la quebrada El Pacayal, en la comunidad de Ojo de Agua”, expresa un comunicado emitido por el ICF.
En el lugar, se encontró un campamento donde residían 10 hombres, entre ellos dos menores de edad.
Las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Ministerio Público.
Durante el operativo, se encontró en flagrancia a un grupo de personas realizando minería ilegal a gran escala mediante la extracción de oro.
En el lugar, se identificó la presencia de un asentamiento humano y el uso de maquinaria pesada.
Entre lo decomisado hay una excavadora, una máquina para el lavado de oro, tres botellones para abastecimiento de combustible, cuatro recipientes para aceite y lubricantes, tres motobombas y seis mangueras.
“Se detectó un aprovechamiento ilegal de extracción minera en la quebrada, junto con la maquinaria utilizada para la extracción de oro, que incluía una retroexcavadora, una máquina clasificadora de minería y una motobomba”, detalló el ICF.
La inspección permitió constatar los graves daños ambientales, incluyendo la alteración del ecosistema acuático y ribereño, la remoción de material del cauce y la contaminación del agua con sedimentos y productos químicos.
Ante la falta de documentación para acreditar la legalidad de las actividades y la presencia de los involucrados, las autoridades aseguraron la zona y procedieron a la detención de siete personas.
Los detenidos fueron remitidos a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para el proceso legal correspondiente.
El operativo fue llevado a cabo por la PGR, el ICF, el Segundo Batallón de Protección Ambiental, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el Ministerio Público y la DPI.
