Ángela Marieta Sosa*
“Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente, en cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad…”
La clase política corrupta en Honduras ha propiciado irresponsable e impunemente violaciones directas y sistemáticas de derechos humanos. Aunque los políticos corruptos no siempre perpetren la violencia física directamente, sus acciones (u omisiones) socavan el Estado de Derecho, la institucionalidad y las garantías básicas para el respeto de las libertades y la dignidad humana.
El socavamiento del Estado de Derecho causado por la corrupción erosiona la independencia judicial, fomentando impunidad y falta de rendición de cuentas. Sin una justicia eficaz, los abusos de poder, las violaciones de derechos y las agresiones contra la población (por parte de actores estatales o no estatales) no se investigan ni sancionan adecuadamente, haciendo creer al que delinque, que sí se puede porque no hay penas que disuadan la intención de delinquir. Esto afecta los derechos humanos fundamentales, como el acceso a la justicia, la igualdad ante la ley y el derecho a un recurso efectivo en caso de violaciones.
Los desvíos de recursos públicos, cuando políticos corruptos desvían fondos destinados a salud, educación, seguridad ciudadana, infraestructura y servicios básicos, la población no obtiene las condiciones mínimas para ejercer derechos esenciales como la salud, la educación, la vivienda y el agua potable, la mala administración o apropiación ilícita de recursos impacta la calidad y accesibilidad de los servicios públicos, lo que vulnera derechos económicos, sociales y culturales.
La afectación a la seguridad y estabilidad social, en contextos de corrupción, las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales pueden ser instrumentalizados para proteger intereses privados o políticos, en lugar de salvaguardar los derechos de las personas. Esto puede traducirse en represión de protestas, hostigamiento a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, lesionando derechos civiles y políticos (libertad de expresión, de reunión y de participación política).
La corrupción, además incentiva e impulsa la violencia y el crimen organizado porque permite la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Estado. Cuando las instituciones son débiles y corrompidas, el crimen se expande con impunidad, generando entornos de alta violencia. Esta violencia vulnera derechos como la vida, la integridad física, la seguridad personal, e incluso el libre tránsito de las personas.
La desconfianza e inestabilidad institucional consecuencia de la corrupción, mina la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, dificultando la participación política y el control social sobre el gobierno. Sin mecanismos democráticos sólidos ni transparencia, se dificulta la exigencia de derechos y el reclamo contra abusos de poder, lo que perpetúa las violaciones a los derechos humanos.
La clase política corrupta en Honduras, al debilitar las instituciones, fortalecer la impunidad y desviar recursos públicos, crea un entorno en el que la protección de los derechos humanos es casi imposible. Esta corrupción estructural facilita la violación de derechos fundamentales, no solo por acción directa, sino también por omisión, negligencia y encubrimiento de abusos.
Los derechos humanos afectados por la corrupción son: derecho a la salud, por medio del desvío de fondos destinados a hospitales y medicamentos; falta de acceso a atención médica de calidad por sobornos y mala gestión, compra de insumos médicos de baja calidad debido a contratos corruptos; derecho a la educación, infraestructura escolar deficiente por malversación de fondos; falta de acceso a materiales educativos debido a corrupción en el presupuesto, nombramiento de docentes sin méritos por tráfico de influencias; derechos económicos y laborales: desigualdad económica por enriquecimiento ilícito de élites políticas; falta de oportunidades de empleo debido a redes clientelistas y nepotismo.
La corrupción es el cáncer que socava la realización plena de los derechos humanos, un Estado corrupto no sólo desperdicia recursos públicos, sino que perpetúa la injusticia, la desigualdad y la pobreza. Combatir la corrupción es clave para garantizar una sociedad donde todos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
*Máster en Derechos Humanos.