Eduardo Enrique Fuentes Cálix*
En todo sistema democrático, el Poder Legislativo es la principal manifestación de la voluntad popular y de la diversidad de pensamiento de la sociedad. Sin embargo, sobre todo, este Poder del Estado tiene la responsabilidad de garantizar el principio básico de pesos y contrapesos con el Poder Ejecutivo. A pesar de ser principios fundamentales de todo Estado de Derecho, en Honduras corren riesgo debido al abuso en el uso de la figura de la “mayoría presente” en la toma de decisiones legislativas. Este mecanismo ha generado un debate sobre su legalidad y legitimidad, así como sobre los efectos que podría tener en la transparencia y representatividad del proceso legislativo.
Un claro ejemplo de esto se observó en la sesión que comenzó el martes 4 de febrero y culminó en la madrugada del miércoles 5 de ese mismo mes, con la aprobación del Presupuesto General de la República 2025, junto con las adendas a los contratos energéticos. Estos temas se aprobaron bajo el mecanismo de la “mayoría presente”, a pesar de no figurar en la agenda oficial. Esta situación evidencia el uso estratégico de dicho mecanismo, lo que debilita la transparencia y el debate democrático.
Más allá de un nuevo “madrugón”, que, como muchas otras prácticas de la actual gestión, antes eran condenadas y ahora se presentan como gestos heroicos, resulta pertinente analizar las implicaciones legales de estos actos, que la ciudadanía ya condenó en el pasado y continúa condenando en el presente.
El artículo 63 del Reglamento Interno del Congreso Nacional establece que las decisiones pueden ser tomadas por la simple mayoría de los diputados presentes, salvo en los casos en los que la Constitución exija una mayoría calificada. Esta disposición ha sido objeto de interpretación y aplicación por parte de quienes hoy dirigen el Poder Legislativo, quienes han recurrido a este artículo para aprobar todo tipo de proyectos de ley y decretos, incluso cuando la asistencia a las sesiones es inferior a la mitad más uno del total de los diputados. Este enfoque, que aparentemente parece legal, entra en conflicto con el principio constitucional de representación genuina del pueblo.
A pesar de estar contemplada dentro de la normativa interna, la aplicación de esta figura resulta cuestionable desde el punto de vista constitucional y democrático. La Constitución de la República de Honduras, en su artículo 211, establece que las decisiones del Congreso deben ser tomadas por la mayoría de los diputados que lo integran, sin especificar que esta mayoría debe basarse exclusivamente en los presentes.
El uso de la “mayoría presente” para aprobar decisiones con un número reducido de diputados se ha convertido en una herramienta que permite al oficialismo avanzar con su agenda sin necesidad de un debate exhaustivo, a través de la manipulación constante de los quórums y la también cuestionable ausencia deliberada de algunos diputados. Esto ha generado un terreno fértil para el uso de esta práctica, que resulta contraria a los principios democráticos.
Debatir la legalidad del uso de las “mayorías presentes” resulta estéril cuando, en Honduras, el Decreto 117-2019 aprobó una inmunidad parlamentaria, por lo que ninguna acción realizada en el ejercicio de su cargo como diputado acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa. No obstante, es imperativo que se reconozca que el Congreso hondureño es el segundo con más diputados en Centroamérica, solo por detrás de Guatemala. En este contexto, la presencia permanente de 128 diputados debería ser la regla general, no la excepción. De lo contrario, cobran relevancia los planteamientos sobre la reducción del número de diputados, como recientemente se hizo en El Salvador.
En medio de un periodo de propaganda electoral, como el que estamos viviendo, en el que más del 75% de los actuales congresistas buscan la reelección, es necesario cuestionar no sólo el uso excesivo de esta figura, sino también la ausencia deliberada de muchos diputados. Esta falta de presencia no sólo debilita su función como representantes del pueblo, sino que indirectamente facilita que el Congreso actúe bajo mecanismos que restan transparencia al sistema legislativo. El rol de un diputado es legislar, y más allá de discursos vacíos, canciones pegajosas o acciones populistas, la asistencia al Congreso y la producción legislativa son los elementos de mayor valor que deben motivar el voto del pueblo hondureño en el futuro proceso electoral, pues la presencia y participación en las sesiones legislativas son la principal obligación de un diputado.
Hechos como los aquí descritos solo debilitan nuestra ya deteriorada democracia. La democracia no puede ser secuestrada por prácticas que la vacían de su contenido más profundo: el debate legítimo, el respeto a la pluralidad y la participación activa de todos los representantes del pueblo, permitir que esto siga sucediendo está en manos de todos los electores a través del voto.
*Máster en Gobierno & Administración Pública.
X: @eefuenteshn