Oscar Lanza Rosales
Los hondureños tenemos una habilidad especial para justificar lo injustificable en los asuntos públicos de nuestro país. Resulta contradictorio que el gobierno afirme que hay superávit en las finanzas del Estado cuando los hospitales carecen de insumos, los centros educativos están en abandono y las carreteras están llenas de baches.
Un caso alarmante es el de las «planillas fantasmas» en el Seguro Social, donde 22 personas cobraban 35 mil lempiras mensuales haciéndose pasar por médicos, causando un perjuicio económico de casi 2 millones de lempiras. Lo más sorprendente es que todas las imputadas son mujeres humildes de los bordos de San Pedro Sula, quienes aseguran haber sido víctimas de un engaño. Según sus testimonios, fueron utilizadas por delincuentes presuntamente vinculados al Partido Libre, quienes les prometieron bonos y la apertura de cuentas bancarias para recibir depósitos que nunca llegaron.
Se sospecha que esta operación se realizó con la complicidad de las autoridades administrativas del Seguro Social, presumiblemente afines al partido en el poder.
El exministro de Salud y actual diputado, José Manuel Matheu, ha denunciado una sobrevaloración de más de 60 millones de dólares en la construcción de tres hospitales financiados por el Gobierno. Inicialmente, se había previsto su construcción con un préstamo de 80 millones de dólares del Gobierno de España, pero esta opción fue descartada por la actual administración. Matheu señala que solo el hospital de Santa Bárbara costará 94 millones de dólares, superando el presupuesto total proyectado para los tres hospitales. Hasta la fecha, él no ha recibido explicaciones a su denuncia, de las autoridades correspondientes.
En cuanto al presupuesto 2025 del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, reaparece la partida 449, que se había prometido eliminar. Esta operación, clasificada como Servicios Financieros de la Administración Central (SFAC), es conocida por la opinión pública como «la caja chica de la presidenta» o «el agujero negro del presupuesto» y asciende a L 12,171.10 millones.
El gobierno establece que esta partida está destinada a cubrir emergencias, subsidios y fideicomisos. No obstante, en 2025 incluye el presupuesto para las elecciones internas de marzo de 2025 y aumentos salariales para empleados públicos, como maestros y trabajadores del sector salud.
En un año electoral, esta partida asigna 561 millones de lempiras para la organización de elecciones internas, y diversos sectores cuestionan por qué estos ajustes salariales no fueron canalizados a través de las secretarías correspondientes, como Salud y Educación, para garantizar mayor transparencia. Además, se preguntan por qué los fondos para las elecciones no fueron transferidos directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), que es el ente encargado del proceso.
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), a través del economista Mario Palma, ha advertido que «según la ley, esta partida debería representar un máximo del 2% de los ingresos corrientes, pero para 2025 representa el 6.8%, lo que genera serias preocupaciones». Además, el monto aprobado asciende a unos 12,000 millones de lempiras, un aumento considerable respecto a los 9,000 millones del año anterior.
Concluye que esta partida ha recibido más fondos de los permitidos por la ley, excediendo el límite establecido y generando incertidumbre sobre su uso. La falta de transparencia y la ausencia de informes sobre su ejecución refuerzan estas dudas.
Algunos medios han destacado que el monto asignado a esta cuenta del Poder Ejecutivo para 2025 supera lo acumulado en ocho años de gobiernos del Partido Nacional. En el periodo de 2022 a 2025, la partida 449 ha sumado 61,999.40 millones de lempiras.
La diputada Fátima Mena ha enfatizado que «la partida 449 no es confidencial, pero sí es discrecional, lo cual es igualmente preocupante porque significa que el gobierno decide cómo utilizarla».
Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha criticado que en el Presupuesto 2025 los fondos destinados a educación no aumentan ni un 5% y en salud ni un 1%, mientras que la partida confidencial creció más del 35%. Según ella, cada año esta asignación sigue en aumento, sin que los hondureños sepamos en qué se utiliza, a pesar de la derogación de la «ley de secretos».
Como pueden ver, estimados lectores, todos cuestionan esta partida, excepto el gobierno. Incluso el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, afirma que «en este gobierno no existe ninguna partida confidencial y que la ignorancia sobre el manejo del presupuesto lleva a realizar afirmaciones infundadas».
El debate sigue abierto, pero lo cierto es que la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos sigue generando desconfianza en la ciudadanía.