El juez natural designado para conocer la etapa preparatoria e intermedia del proceso, magistrado Mario Díaz, en su resolución de audiencia inicial dictó medidas cautelares sustitutivas de prisión a la diputada Gladis Aurora López Calderón y a Ricardo Enrique Padilla Ordóñez.
Lo anterior lo confirmó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, quien además detalló que a la congresista López se le presume responsable del delito de malversación de caudales públicos por uso diferente. Por su parte, a Padilla Ordóñez se le acusa por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Este último se desempeñaba como jefe del Departamento de Planificación e Ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode), creado en Honduras como componente de la Ley Marco del Subsector Eléctrico.
De acuerdo con la decisión del juez designado para conducir esta primera fase del proceso, se mantienen las medidas cautelares sustitutivas de la prisión que se dictaron en la audiencia anterior.
Por lo tanto, los imputados continuarán con la presentación periódica para firma cada 15 días en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la prohibición de salir del país sin autorización del juez competente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal.
PROYECTO ELÉCTRICO
Las investigaciones por parte de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) señalan que la diputada López supuestamente gestionó un proyecto de energía eléctrica para la comunidad de La Ceibita, en Opatoro, en el departamento de La Paz.
Sin embargo, La Ceibita ya contaba con alumbrado público, por lo que se le dio, aparentemente, un uso diferente a los transformadores eléctricos, los que fueron ubicados en un proyecto privado en San Pedro Sula, según sostiene el ente fiscal.
Esta acción se realizó con personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y una empresa privada, lo que generó, de acuerdo a los informes, un perjuicio al estado de 291,486 lempiras con 98 centavos.
En el requerimiento fiscal se acusa también a Mario Ricardo Cardona Flores, a quien igualmente se le presume responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios; y a Wilmer Yovani Vásquez Vásquez, a quien el Ministerio Público acusa por el delito de falsificación de documentos públicos.
Estos dos últimos deberán comparecer a audiencia una vez sean puestos a la orden del juez. (XM)